España se encuentra profundamente
dividida. El bloqueo institucional que sufre el Tribunal Constitucional,
incapaz durante más de tres años de emitir una sentencia sobre la
legalidad del Estatut de autonomía de Catalunya, bien podría ser un
reflejo del sentir general, sino de la población, al menos sí de sus
representantes políticos y sus altavoces mediáticos.
La línea se divide entre los
que creen que declarar inconstitucional una ley aprobada por el Parlament
catalán y el Congreso español, refrendada por la ciudadanía y que
ya lleva más de tres años de vigencia generaría una crisis política
sin precedentes y que, al fin y al cabo, el Estatut es un modo de asegurar
el siempre difícil encaje de Catalunya en España. En el otro lado
se encuentran los que opinan que el proceso descentralizador, empezado
tras la dictadura, ha tocado techo y que ya es hora de empezar a rectificar,
además temen que los aumentos de autogobierno catalanes no tengan fin
y que el Estatut abra las puertas a nuevas reivindicaciones.
Entre los primeros se encuentra
el PSOE e Izquierda Unida apoyados por los editoriales -más o menos
entusiastas- de El País y Público. Los segundos están capitaneados
por el derechista Partido Popular y la formación de la nueva estrella
del uniformismo centralista, Rosa Díez y su Unión Progreso y Democracia,
junto con los belicosos periódicos El Mundo, La Razón y ABC.
Catalunya se mueve
Paradójicamente, donde el
debate gira entorno a otras premisas es en Catalunya y es difícil que
aparezcan grandes movilizaciones en defensa del Estatut. En parte por
el cansancio de los seis largos años que han supuesto, primero su aprobación
y luego una ratificación judicial aún pendiente. Pero también porque
otra meta mucho más ambiciosa está ilusionando al catalanismo sociológico
mayoritario: la independencia. Una afirmación respaldada por una macroencuesta
del gobierno catalán hecha pública la semana pasada: por primera vez
una mayoría -y además aplastante- votaría sí a la independencia
si pudiera.
Domingo pudieron hacerlo más
de 700.000 catalanes de 167 municipios, pero no en un referéndum de
autodeterminación vinculante -prohibido expresamente por la Constitución
española- sino en una acción de desobediencia civil promovida por
centenares de entidades sociales de base y con el apoyo de más de 15.000
voluntarios. Y el resultado fue arrollador: 200.000 personas se acercaron
hasta una de las más de 500 mesas para depositar su voto, el 95% de
los cuales fue favorable a la secesión.
La iniciativa ha cogido a los
partidos con el paso cambiado y ha puesto la sociedad civil al frente
del ejercicio del derecho a la autodeterminación.
El primer experimento en esta
sentido nació hace tres meses en el pequeño municipio de Arenys de
Munt (de unos 8.000 habitantes) y, ante la sorpresa de los propios convocantes,
sufrió una oleada de presiones que fueron desde las prohibiciones judiciales
a las manifestaciones fascistas, pasando por declaraciones del propio
Zapatero, lo que al final ayudó al éxito de la consulta, en la que
participó un 40% del censo.
Esta vez el gobierno español
ha optado por el silencio, pero la bola ya se ha hecho demasiado grande
y ya se preparan nuevas oleadas de consultas que llegaran a las grandes
ciudades e incluso fuera de Catalunya, en los territorios de habla catalana
de Baleares y País Valenciano.
"La centralidad ha cambiado
-opina Vicent Partal, director del periódico digital Vilaweb- y lo
que hace poco tiempo parecía imposible hoy ya es probable".
Y ¿después qué?
A nadie escapa que el principal
peligro de las consultas son las expectativas generadas. A pesar de
la inmensa movilización de domingo la prensa de Madrid y el Gobierno
español ponían el acento en que "solo" habían participado
el 30% del censo.
Por que ¿cuánta participación
es necesaria para considerarlas exitosas? Hay que pensar que no se trata
de un referéndum promovido por un estado, sino de una acció de protesta
que ha contado con el boicot institucional y el desprestigio -cuando
no la directa criminalización- de los dos principales partidos españoles.
Después aun queda la parte
más difícil: la extensión de las consultas a las grandes ciudades
como Barcelona o Lleida, con una población mucho menos nacionalista
y una sociedad civil más difícil de movilizar, lo que conllevará
el riesgo de dar la sensación que el movimiento se va apagando.
Y, finalmente, una vez acabado
este ciclo ¿qué? Anna Arqué, portavoz de la coordinadora de las consultas
apuesta porque la presión "fuerce a nuestro Parlament a convocar
un referéndum a nivel nacional". Una opción más bien difícil,
como mínimo antes de las elecciones autonómicas del próximo año.
Ciudadanía en sentido amplio
El hecho que esta sea una iniciativa
ciudadana ha permitido que en las consultas puedan votar todos los inmigrantes
empadronados con independencia de su situación legal. Una decisión
que no ha pasado inadvertida a los promotores de la plataforma Inmigrantes
por el Derecho a Decidir -que apoya el movimiento- pues en palabras
de Diego Arcos, presidente del Casal Argentino, "Catalunya nos
da la ciudadanía que España nos niega".
